EFE- Un tribunal de El Cairo juzgará el 12 de enero a la actriz egipcia Rania Youssef, tras ser acusada por un grupo de abogados de cometer actos que incitan al “libertinaje y la lujuria” por ir a la clausura de un festival de cine con un vestido transparente que dejaba ver las piernas. La actriz se enfrenta a una pena máxima de cinco años de cárcel.

Tres abogados denunciaron a Youssef acusándola de cometer un “acto obsceno en público, incitar al libertinaje, la lujuria, la tentación y extender el vicio por medios que violan las normas establecidas en la sociedad egipcia”, según informó hoy el diario estatal Al Ahram.

Todas esas cosas vieron los abogados en el vestido negro con el que Youssef acudió el jueves a la clausura del Festival Internacional de Cine de El Cairo.

El vestido de la discordia

Las denuncias se producen después de que la actriz haya sufrido una avalancha de insultos y comentarios en las redes sociales por el vestido en este país musulmán de moral y costumbres muy conservadoras.

La actriz reaccionó enseguida publicando un mensaje de disculpa en su cuenta de Facebook, en el que lamenta la elección de su atuendo para el evento “por respeto a los sentimientos de cada familia egipcia”. Además, Youssef explica su decisión de usar el traje apoyándose en que el festival era de cariz internacional, lo que condicionó también a los diseñadores.

Incluso el sindicato de actores del país censuró a la actriz por su indumentaria afirmando en un comunicado que algunos de los invitados a la clausura “no se ajustaron a las tradiciones de la comunidad y sus valores y morales”.

No es la primera vez que abogados llevan ante los tribunales egipcios a artistas invocando la defensa de la moral pública.

En 2015 un tribunal de este país condenó a dos bailarinas de danza del vientre a seis meses de prisión por “incitar al libertinaje” en dos vídeos musicales que protagonizaron.

También en este caso, las bailarinas fueron denunciadas por un abogado apoyándose en que la ley egipcia estipula que cualquier persona testigo de un delito tiene el derecho a presentar una denuncia ante los tribunales del país, que deben decidir si se abre o no un procedimiento formal.

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