La cantante Shakira se enfrentará a la justicia, tras acusarla de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda. Luego de que la colombiana rechazó para llegar a un acuerdo con la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona, España) abrió un juicio oral contra la expareja de Gerard Piqué por seis delitos contra la Agencia Tributaria.
«Se acuerda la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Barcelona (…) contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll, como presunta autora» de seis delitos contra la Hacienda Pública, indicó el auto de un tribunal de la periferia de Barcelona el 19 de septiembre, mencionó el diario español El País.
Una pena de prisión de ochos años podría pasar la intérprete de Ojos así si es declarada culpable por evasión fiscal en España, así lo solicitó la Fiscalía, además de pagar una multa de casi 24 millones de euros por haber defraudado, presuntamente, el pago del Impuesto de Patrimonio y del IRPF (Impuesto sobre la renta de las personas físicas) entre 2012 y 2014.
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Aunque, Shakira negó la responsabilidad de este presunto delito y pagó las multas correspondientes a tres millones de dólares, según informó la agencia AP hace un tiempo, aparentemente la situación legal se complicó, debido a que la corte determinó que la artista irá a juicio, según un auto de la justicia española conocido este martes, que dieron a conocer diversos medios de comunicación local.
En su escrito de acusación, el Ministerio público sostiene que la barranquillera, a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales, vivía de manera habitual en España y por ello tenía la obligación de tributar allí pero, a pesar de ello, utilizó un entramado societario (creación de diferentes sociedades), para ocultar al fisco la renta percibida y su patrimonio durante tres ejercicios.
Por su parte, la defensa de la cantante colombiana explicó que la cantante residía en las islas Bahamas desde el 2004 pero los años siguientes tuvo que viajar sin parar, y que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obligaba a tributar y que la gestión de ese dinero se realizaba desde el 2007 a través de una sociedad maltesa que “cumple con todos los requisitos legales”.
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