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En una reciente investigación realizada por el periódico The Guardian reveló que la reina Isabel II presionó al gobierno británico para cambiar un proyecto de ley con el fin de ocultar su fortuna.

Según el diario, la monarca habría escondido acciones e inversiones personales hasta al menos el 2011. Pues David Pegg y Rob Evans, periodistas encargados de dicha investigación, tuvieron acceso a los Archivos Nacionales.

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Informan que un abogado personal de la reina presionó a los ministros para que modificaran el proyecto de ley, que entró en vigor en 1976, para evitar que salieran a la luz sus acciones en diversas empresas. Y lo logró.

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El gobierno británico incluyó una cláusula a la ley que eximía a jefes de estado hacer públicas las empresas en las que invertía a título personal.

“El acuerdo se utilizó en efecto para crear una corporación fantasma respaldada por el estado que, según se entiende, ocultó las participaciones e inversiones privadas de la reina hasta al menos 2011”, afirman los periodistas en su artículo.

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El medio descubrió el hecho en el marco de una investigación sobre el uso por parte de la familia real británica de un procedimiento parlamentario conocido como “el consentimiento de la reina”, mecanismo que requiere que los ministros avisen a la reina si la legislación afecta o no los intereses de la corona.

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